UN MODELO CON PERFUME RANCIO…

No le basta al Gobierno con lesionar gravemente las economías ligadas al campo. Los diarios anuncian que Aerolíneas es la séptima empresa privatizada que vuelve a manos del Estado: Correo Argentino, el ferrocarril San Martín, Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, Aguas Argentinas, Tandanor y la empresa que operaba el servicio de control del espacio radioeléctrico, además de una parte de las acciones de Aeropuertos Argentina 2000.

¿Se han olvidado quienes nos gobiernan y citan a menudo, erróneamente, los hechos de nuestra Historia, cómo comenzó la decadencia argentina?

Nuestro país, en 1943, inició un régimen estatista y autárquico que la constitución de 1949 puso en vigencia. Se acallaron las voces que valoraban la libertad incluso en el plano político.
El gobierno militar de la época, no comprendió como tampoco lo entiende hoy la gente que mañana concurrirá a la plaza de los dos Congresos, que la libertad política va de la mano de la libertad económica y viceversa.

Se pregonaron políticas tendientes a lograr una justa repartición de la riqueza, la cual solo desde el Estado se podía hacer con equidad. Desde 1946, el estado se convirtió en un gigantesco aparato guiado por Juan Domingo Perón hacia la absorción de buena parte de la sociedad civil.

El 9 de julio de 1947, en la ciudad de Tucumán, Perón firmó el Acta de la Declaración de la Independencia Económica. Allí, “los representantes de la Nación, en sus fuerzas gubernativas y en sus fuerzas populares y trabajadoras”, reafirmaron el propósito de “consumar su emancipación económica de los poderes capitalistas foráneos (…) y de los que en el país pudieran estar a ellos vinculados”.

Se firmó en el mismo lugar donde en 1816 se había proclamado la independencia de la República.

En los libros de propaganda peronista se señalaba como objetivo fundamental para desarrollar más riqueza y repartirla entre los trabajadores: “argentinizar lo que nunca debió dejar de ser argentino”.

Para afirmar la soberanía, se estatizaron los servicios públicos: puertos teléfonos, usinas eléctricas, servicios sanitarios, gas, transportes, seguros, reaseguros etc.
Las formas de producción, los bancos, el crédito, la circulación de bienes fueron asfixiados por el intervencionismo estatal. Las empresas nacionalizadas se colmaron de empleados y burócratas, donde no importaba la eficiencia ni si eran deficitarias.

Los sindicatos se sometieron a las directivas de Perón. En 1945, el gobierno argentino, imitando la ley Rocco de 1926, determinó que el sindicato reconocido por el estado era el único que podía establecer contratos colectivos con las empresas o el estado. Clausuraba la posibilidad de que hubiera más de un sindicato por actividad y disminuía, de esta forma, la autonomía sindical. (Fue derogada la ley en 1955 y vuelta a imponer, por Arturo Frondizi, en cumplimiento del pacto con Perón).

Permitió un fuerte crecimiento de la burocracia sindical, la cual una vez que se independizó de su líder, no pudo dejarse de tener en cuenta en ningún problema político
Los sindicatos de las empresas del Estado contribuyeron decididamente a la destrucción de esas organizaciones.

Se enfatizó el desprecio por los llamados peyorativamente “oligarcas”, representantes del “poder económico”. Se los debía despojar de la riqueza para ofrecerlas a los “desposeídos”.
Dejó de ser el mercado el que fijaba el precio de los cereales: lo reemplazó el estado, el cual compraba monopolicamente a través del IAPI, para “argentinizar” a la vez que se enriquecían los funcionarios de turno. Estos, realizaban negociados mientras compraban locomotoras, vagones de pasajeros, camiones, acoplados, buques frigoríficos, cosechadoras, equipos para extracción de petróleo, aviones para el transporte de pasajeros o carga, entre otras innumerables compras.

La reforma de la Constitución -en 1949- necesaria para lograr la reelección, le dio un golpe de gracia a la propiedad privada y al capital: el estado monopolizó la exportación e importación, las fuentes de energía y los servicios públicos.

Las fuentes de energía que la Constitución de 1853 y las leyes sobre minería establecían como bienes privados de las provincias y concedía a los particulares la posibilidad de disponer de ellas como dueños mediante concesiones, fueron nacionalizadas.

En los últimos años de gobierno la sociedad se oponía al intento de Perón de atraer inversiones extranjeras para el área petrolera. La prédica nacionalista y antiliberal, por inercia cultural, siguió enquistada en la cultura nacional: Años de prédica populista incorporó un sesgo xenófobo y discriminatorio en las ideas de los argentinos, extraño al espíritu de la Constitución.

El estado dejó de ser controlado por la opinión pública, los partidos y el sector privado. Fueron perseguidos y se olvidó que el bien común era el bien de “todos los que quisieran habitar el suelo argentino.

Las corporaciones (Ejército, Empresas, Sindicatos y parte de la Iglesia) reemplazaron a los partidos políticos, los cuales recién se estaban constituyendo como instrumento para articular demandas sociales. El debilitamiento del sistema de partidos, exige de la dictadura o el autoritarismo para conciliar el enfrentamiento que se da entre los grupos por conseguir el favor del gobierno.

El modelo del matrimonio Kirchner, vuelve a tener el perfume, ahora rancio, del modelo que someramente describo y que ya han abandonado, incluso, buena parte de los peronistas.

Elena Valero Narváez. (Autora de “El Crepúsculo Argentino”. ED: LUMIERE, 2006.)