Asaltos a la sociedad civil…

Elena Valero Naráez

Como bien pensaba David Hume sobre la propiedad privada, el placer de las posesiones que adquirimos mediante el trabajo y la fortuna está expuesto a la violencia de otros hombres.
La sociedad defiende la posesión de los bienes privados y el poder intercambiarlos, es por ello que los hombres llegaron a un mutuo acuerdo: no apropiarse de los bienes por medio de la fuerza. Establecieron leyes, derechos y obligaciones a las que debían someterse porque se entendió, por el conocimiento adquirido por la experiencia, que el respeto a la propiedad privada beneficia a todos.
Hume atribuyó el origen del gobierno a la necesidad humana de garantizar el cumplimiento de un marco normativo sin el cual no puede existir paz, seguridad y la autoridad que asegure los acuerdos entre los hombres.
La obligación de obedecer terminaba -para él- cuando el gobierno no cumplía con esas obligaciones. Apoyaba el derecho de oposición en casos flagrantes de tiranía y opresión.
Defendía la Constitución vigente oponiéndose a innovaciones desprolijas, cambios violentos que pusieran en peligro el delicado equilibrio entre la libertad y la autoridad.
En Argentina, el gobierno actual está muy lejos de su pensamiento: ni defiende la propiedad privada, ni cumple con el requisito fundamental de la Constitución que la ampara: la división de poderes.
Todo poder tiende a extenderse si no hay otros poderes que lo impidan. Este principio sociológico nos indica hacia donde ha estado y está dirigida la acción kirchnerista: se busca minimizar los poderes que controlan al Ejecutivo y al Gobierno en general.
Es así como tenemos un Congreso, la “escribanía del presidente”, el cual apoya las necesidades del Ejecutivo aunque perjudiquen el progreso del país.
Por otro lado, el gobierno se ha dedicado apresuradamente a denostar lo que se hizo bien en la década del 90 y, seguidamente, procedió a aumentar el peso del estado con estatizaciones y decisiones que no le corresponden.
Las pérdidas de Aerolíneas de 10 millones de pesos por día, en el mes de julio, la más importante de su historia, indican que el gobierno con pretextos de raíz nacionalista, compra empresas deficitarias o en bancarrota salvando a personas ligadas al poder. Por otro lado convierte en estatales o mixtas a empresas que pasan a beneficiar a la burocracia estatal y también a dirigentes sindicales quienes aprovechan la situación invocando la defensa de las fuentes del trabajo.
La propiedad privada está ligada a la libertad de los individuos: cuando se aumenta crecen los poderes que no están ligados al estado. Ello, permite que exista una sociedad lo suficientemente independiente, como para no aceptar coacciones del gobierno, evitando que éste se coloque por encima de las personas, pierda transparencia y se convierta en autoritario.
La confiscación del ahorro de los jubilados que perpetró el gobierno actual, fue un mazazo a la propiedad privada de muchos argentinos, como también lo son las estatizaciones a las que los Kirchner han recurrido para aumentar el control sobre la sociedad civil y los negocios del estado a los que han accedido, tanto funcionarios, como empresarios, quienes han visto una oportunidad para hacerse ricos a costa del bienestar de los argentinos.
Y ¿qué decir de los controles que han impedido el crecimiento de sectores relacionados con la energía y la producción agrícola-ganadera?.
El ataque a la sociedad civil, se ha dado masivamente al agredir al Mercado donde se generan los precios de los productos que surgen de la libre interrelación entre productores y consumidores. Se ha desmoronado la coordinación y regulación de la producción y el consumo que espontáneamente mana de dichas relaciones.
La desigualdades que surgen de las condiciones que cada grupo o persona tenga para satisfacer las necesidades de los consumidores, entre las que se destaca la creatividad para ofrecer bienes y servicios de mejor calidad y precio, e incluso, crear necesidades nuevas, se están sustituyendo por las decisiones arbitrarias del gobierno. Éstas están remplazando el libre juego de la oferta y la demanda como también a una sociedad civil fuerte por otra débil que apenas puede oponerse a las decisiones políticas y económicas del gobierno..
Para llevar adelante sus planes, los Kirchner promovieron reformas que les han regalado el manejo de la Justicia a través del Consejo de la Magistratura, donde desde el año 2006, nadie puede llevar adelante causas que afecten a los integrantes del gobierno.
Se habla de pobreza, de injusticia, las que existen, no son las relacionadas con el funcionamiento global de la sociedad, debidas a la cooperación y complejidad sociales, sino que son provocadas por las decisiones políticas que las aumentaron con medidas que fueron en contra de la creación de riqueza, necesaria, para que haya una espontánea distribución en vez de pobreza y corrupción.
Hay que entender que el papel del gobierno es garantizar la competencia y la propiedad mediante la vigilancia de las leyes comunes a todos los ciudadanos, garantes del respeto de la intrínseca ética del mercado.
No debiera el gobierno avanzar sobre la naturalidad de las relaciones sociales para ponerlas a su servicio como está ocurriendo en nuestro país.
Las limitaciones a la propiedad privada están amenazando los derechos individuales que defiende la Constitución. Debemos exigir al gobierno actual, y a los por venir, el respeto por nuestro “Contrato Máximo”. Su institucionalización se debió, como bien creía Hume, a que a los hombres nos cuesta ser buenos y es por eso que debemos respetarla.

Elena Valero Narváez. (Autora de “El Crepúsculo Argentino.Lumiere,2006.)
evaleronarvaez@hotmail.com