Política energética: “fané, descangayada….”

La política energética argentina tuvo un pésimo trato, tanto de Néstor Kirchner como de su mujer, la actual presidente, después de haber sido excelente durante la década de los 90 cuando se desregularizó el sector pudiendo los productores privados utilizar el recurso de manera que respondiera a sus intereses de mayor rentabilidad. Las inversiones destinadas a crear la infraestructura necesaria y al abastecimiento energético dejaron de ser responsabilidad directa del estado y quedaron liberadas a la libre iniciativa privada en un marco de libertad económica. Fue un cambio revolucionario luego de una historia que comenzó en la década del 40 donde el estado había ocupado un rol asfixiante salvo en la presidencia del Dr. Frondizi.
Un grupo de ex secretarios de energía como otros expertos en el tema energético están tratando de interesar a políticos y parlamentarios en la necesidad de dar importancia a la política energética. Según sus informes la producción de petróleo y gas ha disminuido de forma alarmante, no se descubren nuevos yacimientos y la explotación de riesgo muestra una parálisis casi total.
Estamos importando gas natural de Bolivia y gas licuado de Venezuela a precios superiores a los que podríamos obtener de la producción domestica. Mientras, no hay proyectos que permitan augurar un posible abastecimiento. Se suma, a las desgracias, la importación de gas oil para poder abastecer nuestro consumo interno.
El sector eléctrico también está padeciendo serias dificultades: su funcionamiento es crítico, capitales nacionales e internacionales, no se interesan en invertir y el gobierno solo se preocupa cuando aparece una urgencia. Agreguemos la insuficiente generación, las limitaciones y la falta de mantenimiento de los sistemas de generación, transporte y distribución a los usuarios.
Se necesita de una exploración petrolera agresiva dentro de la plataforma continental sumergida, como también en las áreas continentales que aun se mantienen en gran medida inexploradas.
La licitación pública debiera ser norma permanente para la renovación de contratos de concesión de petróleo y las contrataciones con auditorías, independientes de todas aquellas obras cuyo destino final sea la provisión de servicios públicos. Es prioritario infundir seguridad a los
inversores y un mecanismo de adjudicaciones de concesiones a través de licitaciones abiertas, transparentes y competitivas. No debieran renovarse contratos de concesión en forma directa y sin puja licitatoria.
Con respecto a la intervención del estado es bueno recordar el sistema americano con respecto al petróleo. No cobra regalías ya que la propiedad es del superficiario quien las cobra aunque queda sujeto al pago de los impuestos a la renta, locales a la venta, y municipales. Las compañías de petróleo, por otro lado, en ese país permanecen libres de la intervención estatal. Durante el gobierno del presidente Menem se permitió que quien extrajera el petróleo pudiera venderlo a quien quisiera. Fue un gran adelanto.
Los subsidios son innecesarios salvo los destinados a sectores de muy bajos ingresos. En EEUU, no se subsidia el consumo y se pagan impuestos para tener un buen servicio.
En resumen: en Argentina, no existen inversiones ante la política energética cortoplacista y obstructiva del gobierno. Mantuvieron las tarifas y precios a niveles bajísimos incentivando el consumo indiscriminado mediante subsidios crecientes al consumo de energía y al transporte. De esta manera se paralizó la inversión de las empresas en la exploración y explotación de los recursos hidrocarburíferos con que cuenta el país, equipamiento, operaciones, y mantenimiento. La consecuencia: no se pudo ampliar la capacidad instalada de un sistema de demanda creciente como el que tiene el sistema energético. Como por lo general sucede con la planificación del estado, dichos subsidios, en muchos casos, han beneficiado a quienes no lo necesitan y perjudicado a sectores de bajos recursos.
Se ha intentado recientemente, mediante el “tarifazo”, un acercamiento al precio real del servicio de gas, medida con que el gobierno intenta morigerar la situación de emergencia. Según los expertos se debe atacar el problema desde todos sus ángulos: políticos, institucionales, legales, técnicos y tarifarios. La política energética debe ser consensuada y mantenida aunque cambien los gobiernos por medio del dialogo realista entre el gobierno y los sectores productivos.
Preocupa la ausencia de interés por la problemática energética no solamente en el gobierno sino en el debate parlamentario y en la oposición. Mientras el gobierno niega los problemas existentes en esta materia estamos acercándonos a una situación crítica. Falta poco para que importemos petróleo, ya importamos gas y combustibles. Hay que alzar la voz para que mejore la institucionalidad del sector, se prioricen las fuentes renovables no contaminantes modificando la matriz energética hoy, dependiente de los hidrocarburos fósiles, por energías alternativas como son la energía nuclear, hidráulica y eólica y la producción de biocombustibles como el bioetanol y el biodiesel.
En los 90 se pudo pactar libremente los precios entre productores y consumidores de gas, petróleo y electricidad. El que obtenía petróleo tenia libre disponibilidad del recurso. Podía venderlo a refinerías, por ejemplo, o exportarlo de acuerdo a lo que indicara el mercado internacional. El mercado libre significó para la Argentina importantísimas inversiones nacionales y extranjeras. Se introdujo la competencia dentro de leyes y decretos marco. Se privatizaron las empresas de servicios y se las llevaron a un marco abierto, desregulado y competitivo y se dio seguridad jurídica a los inversores por medio de leyes como la de inversiones extranjeras que igualaba el capital foráneo con el nacional.. Para instrumentarlo se separó en segmentos la etapa de la producción, el transporte y la distribución para el petróleo y el gas. Abrirles el mercado a los particulares significó tener centrales de energía eléctrica con las más modernas tecnologías. Se invirtieron más de 80 .000 millones de dólares.
Hay que dejar el modelo intervencionista implementado por los Kirchner y volver en materia de energía a las políticas de libre mercado que dieron muy buenos resultados en poco tiempo. Hoy estamos fuera del mundo en materia de precios. Las tarifas y precios deben ser establecidas por el mercado en vez de ser establecidas por el estado. Una vez que mejore la institucionalidad y con libertad económica volverá la confianza necesaria para que se invierta en petróleo, gas, y electricidad. Las empresas, necesitan para subsistir, rentabilidad y que se respeten los contratos. Hoy se suma, al problema de fondo, el incumplimiento de la legislación relacionada al sector y normas complementarias que no responden a dar soluciones. Además, La Secretaría de Energía y los entes reguladores sectoriales no tienen la independencia necesaria para encarar los problemas sin condicionamientos políticos.
El Congreso debe ayudar a revertir la política kirchnerista: los precios y tarifas deben volver a reflejar los costos económicos para que se logre superar el gravísimo problema de la distorsión de los precios relativos. La meta debe ser capitalizar al sector energético. En la próxima década se necesitarán, según manifestaciones de expertos, cerca de 90.000 millones de dólares de inversión para ponernos al día. No podemos seguir haciéndonos los distraídos en este tema si no queremos regresar a las velas, al brasero y a la cocina a leña.
Elena Valero Narváez
evaleronarvaez@hotmail.com. Autora de “El Crepúsculo Argentino”. Lumiere, 2006.