Medio siglo atrás…

En el año 1959, el Sr. Harlan L. Smith, comerciante residente en la ciudad de Buenos Aires, dirigió al diario La Prensa una carta que vuelve, desgraciadamente, a tener vigencia. Es producto de la política intervencionista de los gobiernos kirchneristas. La reproduzco con la intención de mostrar cómo en 50 años hemos aprendido poco.

Sr. director:
El mundo financiero argentino ha tenido recientemente ocasión de leer una serie de avisos publicados en los diarios locales por Aerolíneas Argentinas justificando su déficit perpetuo ante 20.000.000 de socios: “el pueblo argentino”.
Es por cierto curioso que una compañía que viene arrojando déficit, sea cual fuere la razón, durante 12 años, pueda aún continuar existiendo.
Estamos seguros que sería imposible para cualquier empresa competidora privada de aeronavegación subsistir por tan largo tiempo sin producir ganancias. Pero, aún es más inconcebible imaginar a una compañía privada dirigiéndose a sus accionistas para anunciarles sus 12 años de fracaso, ya que mucho antes que esos avisos aparecieran, los propios accionistas habrían desaparecido, juntamente con la compañía misma.
Aerolíneas, sin embargo, puede continuar existiendo, ya que los accionistas son sus “cautivos” y no tienen ningún medio para derivar sus inversiones hacia negocios más lucrativos.
El aspecto mas curioso de un gobierno constitucional, tal como se practica en éste país, es que el gobierno considera honrado y justo utilizar la fuerza pública para extraer fondos del pueblo por medio de impuestos, y luego invertir ese dinero en aventuras que no solo causan pérdidas, sino que al mismo tiempo compiten con el propio contribuyente.
Es así como el contribuyente se convierte en un accionista involuntario de las aventuras gubernamentales en los ferrocarriles, YPF, Aerolíneas etcétera, en todas las cuales pierde dinero por ineficiencia y desorganización. Por lo tanto, en vez de recibir dividendos, el contribuyente debe pagar más impuestos para cubrir las pérdidas que producen estas empresas monopolistas del Estado.
Las bases de la libertad referidas al campo económico deben establecerse por el proceso de atracción, más bien que por el de coerción. El comercio y la industria deben “atraer” a los clientes que compran sus productos o sus servicios y deben “atraer” accionistas que inviertan capitales en sus empresas. Donde se vislumbre la coerción a través del fraude, del monopolio o de otros artificios, el Estado debe intervenir para sofocarla. Pero, cuando el Estado mismo, llega a ser el principal ofensor a través del uso coercitivo del sistema impositivo para promover empresas que llegan a competir deslealmente con su propio pueblo, entonces nuestras garantías constitucionales y nuestros derechos a la propiedad privada se hacen dudosos.
El gobierno argentino es, con mucho, el más grande empresario del país. Transportes, gas, petróleo, armamentos, siderurgia, automóviles, aviación, astilleros, y centenares de otras industrias son hoy, todas, parte del imperio económico del gobierno federal.
El capital formativo de este imperio ha sido totalmente recaudado por la fuerza que surge de los aportes recibidos a través del sistema impositivo. Probablemente la mitad de todos los medios de producción de la Argentina son hoy poseídos por el gobierno federal..
Este grado de estatización es quizás mas alto que el de cualquier otro país importante de este lado de la cortina de hierro, las perdidas constantes que arroja este imperio ineficientemente administrado, constituye una fuente de severa inflación y un continuo drenaje de la economía.
Hace muchos años este país cedió las tierras públicas a la iniciativa privada a fin de estimular el esfuerzo privado.
En idéntica forma el gobierno argentino de hoy, debiera devolver a su pueblo las muchas empresas adquiridas en éstos últimos años. Esto podría lograrse a relativamente corto plazo, simplemente vendiendo en el Mercado de Valores las acciones de estas empresas estatales a cualquier precio que el público quisiera pagar en libre oferta.
A su debido tiempo, todos estos intrincados e ineficientes monopolios desaparecerían y las empresas volverían otra vez a manos privadas.
La gran tragedia argentina del presente es que a la ignorancia general sobre asuntos financieros se une la confusión que envuelve nuestra economía, dando lugar a que la mayoría de los ciudadanos se sienta orgullosa de sus empresas nacionales, las que en realidad solo contribuyen a reducir su “standard” de vida.
Se necesita una buena dosis de coraje moral por parte de los hombres de gobierno, si es que en realidad están dispuestos a modificar y aclarar este concepto.
Resumiendo: las empresas estatales deben ser liquidadas o vendidas, si es que deseamos que el país retorne a la prosperidad.
Mauricio Macri dice, frecuentemente, que el próximo presidente deberá reconstruir en los primeros 45 días todo lo que destruyó Kirchner en muchos años. Espero que la mayoría de los líderes de la oposición piensen de la misma manera. Indicaría que algo hemos aprendido en 50 años.


Elena Valero Narváez. Autora de “El Crepúsculo Argentino” LUMIERE, 2006.
evaleronarvaez@hotmail.com