Dime con quien andas…

Elena Valero Naráez

Ante la profundización de la dictadura de Hugo Chávez y la reciente estatización de empresas argentinas, controladas por el grupo argentino Techint, nos preocupa a los argentinos que nuestros gobernantes sigan enamorados del modelo venezolano.
Hasta los empresarios que están cerca del gobierno, como es el caso de Eskenazi, del grupo Peterson e YPF, alertaron sobre la invasora actitud del gobierno de Hugo Chávez sobre compañías argentinas.
CARBAP, organización que nuclea a las confederaciones agrarias rurales de Buenos Aires y La Pampa, también se opuso al atropello chavista de esta forma:
“Como dijimos hace exactamente un año atrás, a los argentinos no nos seduce ese modelo de país, que trata Chávez Frías de exportar por toda América Latina, y que consiste en contar con el poder casi absoluto, tener una democracia de bajo perfil, mantener amordazada a la oposición, condicionar y acotar a la justicia, perseguir al periodismo libre, demonizar a los sectores civiles opositores, confundir constantemente entre los intereses del país y los de sus gobernantes, o entre el bien público y privado y, en definitiva, estar más obsesionado en vigilar al ciudadano que en garantizar sus derechos”.
Aunque la oposición, en las elecciones del 28 de junio, gane lugares en el Congreso, el recambio en las cámaras se realizará 5 meses después. El Gobierno, eso es lo que aterra ahora a los empresarios argentinos, tendrán tiempo de buscar recursos para la CAJA donde sea, incluso, según se especula, en los Bancos.
Lo cierto es que también al matrimonio Kirchner lo atrae el estado empresario: Correo Argentino, Aguas Argentinas, Aerolíneas, muestran el deseo de que el estado vuelva a dominar la economía. Los nombramientos de directores estatales en empresas privadas señalan pasos en el mismo sentido.
La ayuda del sindicalismo oficialista, les ha aportado el grado de amenaza necesario para amedrentar a cualquier sector que se oponga a sus deseos.
Lideres de la estatura de Moyano, son un impedimento para la creación e innovación ligada a la actividad privada. Descreen de la competencia y creatividad propias de cualquier empresa moderna, la interrumpen con huelgas y medidas de fuerza y coacciones arbitrarias. No aceptan el mercado y su matriz: la libertad de elección. Prefieren la empresa estatal que les permite a quienes trabajan en ellas, sentirse seguros, no son despedidos, como sucede en la actividad privada cuando la calidad del trabajo es deficiente.
Pero, ya se ven actitudes que indican que abandonarán el barco. El dirigente sindical, Hugo Moyano, rechazó las estatizaciones con argumentos desestimables: “no es la política que en su momento nos enseñó Perón”.
Olvida Moyano que durante los gobiernos de Perón, el estado argentino se transformó en poderoso empresario y nuestro país se llenó de empresas incapaces de competir y extrañas a la nueva tecnología. Deja en el tintero, que la prosperidad dependía de contactos con el poder más que de las prácticas comunes a un buen empresario: innovación, inversión, productividad y eficiencia. Tampoco menciona la corrupción, enquistada en las empresas nacionalizadas estimulada por la dirigencia gremial.
Omite además, Moyano, que Perón creó un sindicalismo fiel a sus órdenes a cambio de ventajas laborales y dádivas. Entre otras: funciones políticas, incluso en el Congreso.
La prensa captó una conversación de Chávez con el presidente de Brasil, donde le prometía no incluir en la política de nacionalizaciones a las empresas brasileras. El gobierno argentino tras débiles y ridículas objeciones ha debido aceptar la respuesta de Chávez: “ha sido un chiste” dijo, sin ponerse colorado.
La presidente Cristina no quedó atrás en este culebrón latinoamericano cuando opinó, que le hubiera gustado que los primeros US$ 400 millones cobrados por Techint por la estatización de Sidor, los hubieran depositado en la Argentina. Debió haberle crecido la nariz como a Pinocho, pues ella y su marido, sacaron del país fondos públicos de la provincia de Santa Cruz para remitirlos al extranjero con la excusa de la inseguridad jurídica existente en Argentina, sin que se sepa aún el destino final de esos fondos.
En Venezuela y en la Argentina se comenzó por lesionar al mercado espontáneo de precios y, con ello, la propiedad privada sobre los medios de producción, la competencia y la libre oferta y demanda, en beneficio de ambos gobiernos. Esta política no genera distribución de la riqueza sino su destrucción y perjudica a todos los miembros de la sociedad.
La violación del principio de la propiedad privada, debiera ser objetada por todos los ciudadanos que deseen el progreso político, económico, e institucional, de nuestro país.
La propiedad estatal es menos eficiente como podemos confirmarlo mediante la comparación de ejemplos históricos. Venezuela nos muestra que la propiedad privada siempre debe estar estrechamente unida a la vigencia del estado de derecho. En los regímenes totalitarios del siglo XX y en los que aún perduran, fue abolida de facto o de jure.
Aunque no es tolerable la libertad absoluta, la libertad es una cuestión de grado, por experiencia, sabemos, que cuanto mayor sea la libertad para competir por el poder, a través de las preferencias del voto de los ciudadanos y del consumidor, la consecuencia será, más democracia.
La única manera de revertir el proceso de decadencia política, económica y cultural que atraviesan ambos países es hacer retroceder al estado, acabar con regulaciones y controles de precios, institucionalizar la propiedad privada y respetar a la opinión pública y al sistema de partidos.
La oposición debiera tomar nota.

Elena Valero Narváez. (Autora de “El Crepúsculo Argentino.Lumiere,2006.)
evaleronarvaez@hotmail.com