¿Quo vadis Argentina?

Por Elena Valero Narváez

La meta del capitalista, reproducir el capital, generar más y más ganancias, no se puede lograr en la Argentina porque el estado se dedica a paralizar contratos, interferir en los intercambios, en los precios y en el valor del dinero.
La seguridad jurídica es uno de los pilares del subsistema capitalista: durante el año que termina, las retenciones, el incremento de las normas cambiarias, los reclamos sindicales y las estatizaciones, impidieron crear un clima adecuado para el comercio, la inversión y el ingreso de capitales. Y lo que se viene, según las predicciones de los economistas, no es alentador. En el 2009, tendremos poca inversión y aumentará la debilidad institucional que no la hace posible.
La estatización de las AFJP fue el golpe de gracia a los pocos que pensaban invertir en nuestro país.
Por otro lado, el pedido de la CGT, vía Moyano, de triplicar la indemnización por despido, muestra la incapacidad de los sindicatos para adaptarse a la crisis que ya padece el empresariado en la Argentina. Estas demandas arbitrarias, llevan a la quiebra a quienes se ven impedidos de bajar los salarios, contratar a precios que coincidan con la ganancia, y a despedir, si en necesario, para aligerar parte de las cargas y poder reestructurar las empresas.
El panorama se oscurece, aún más, cuando empresarios y sindicalistas buscan obtener del estado beneficios y privilegios particulares. Se escudan en la influencia política o en su capacidad de presión. El gobierno intenta acallar la acción directa de estos grupos y asociaciones con subsidios, trabas a la competencia, aranceles proteccionistas y otras medidas que responden a los intereses de sectores que abandonan el riesgo, el esfuerzo, la competencia, propios de la actividad empresaria y con ello la fuentes legitimas de crear riqueza.
El ataque a la pobreza no es posible sin la explosión de la producción y la productividad. El gobierno no ayuda a crear las condiciones que promuevan la acumulación de riqueza y concentración de capital indispensables para progresar.
La crisis internacional se suma a la interna y se acopla a la debilidad de los partidos: les cuesta ejercer el papel de representar a la sociedad articulando sus demandas. La gente sale a la calle a pedir, directamente, al poder.
El problema de los argentinos es mucho mas grave que la crisis internacional: los Kirchner no aceptan las normas de La República si no les conviene, hacen lo que quieren, están destruyendo el estado de derecho.
Con el debilitamiento de la institucionalidad, propia de la democracia, se pierde el clima pacifico que ésta propicia: la negociación, el acuerdo, la vigencia de las normas. La violencia ocupa un lugar privilegiado, el gobierno deja de ser limitado y sujeto a control: la dictadura se hace posible.
Nuestros representantes en el Congreso debieran oponerse al constante avance sobre la propiedad privada por parte del gobierno. Ello es una de las causas de la pérdida de confianza y de la fuga de capitales, justamente, cuando son imprescindibles.
Tal vez nos convenga recordar, que en nombre de la igualdad, en la URSS, abolieron la propiedad privada de los medios de producción. Ello derivó en una burocracia con poder omnímodo y en un terrible costo social. Y más cerca aún, Venezuela y Bolivia nos ofrecen experiencias paradigmáticas.
El respeto a las normas es fundamental si el gobierno pretende que salgamos bien parados de la crisis. La ambigüedad, las políticas apresuradas, provocan ansiedad y angustia en la gente y estos sentimientos se trasladan a las acciones generando inestabilidad en las elecciones y en el rumbo a seguir.
Se está creando un ambiente sumamente peligroso en un país sin reglas claras, poco atractivo para los inversores, sin calidad institucional y con un mercado local donde reina la incertidumbre.
Para mejorar la imagen ante la sociedad y el mundo, el gobierno debe comenzar por cumplir y hacer cumplir la Constitución: ésta surgió, como dice el Preámbulo, para afirmar la unión nacional, afianzar la Justicia, consolidar la paz, servir a la defensa común, promover el bienestar y asegurar los beneficios de la libertad.
El gobierno debe proteger los derechos individuales. La Constitución resguarda a los ciudadanos contra el poder del gobierno, especifica qué límites no debe traspasar.
¿Quo vadis Argentina? El futuro está abierto y podemos influir en él, el éxito depende de cómo percibimos la realidad, la historia es la obra nuestra de cada día. La experiencia, la memoria y la razón pueden ser útiles herramientas si sabemos aprovecharlas para equivocarnos menos.

Elena Valero Narváez (Autora de “El Crepúsculo Argentino”. LUMIERE, 2006)